Un informe elaborado por estudiantes del Grado de Derecho de la Universidad Carlos III de Madrid ha puesto de manifiesto la discriminación que sufren menores con discapacidad en las actividades extraescolares.
El trabajo tiene su origen en una consulta planteada por el Cermi Estatal en relación con una queja recibida por varias familias de niños y niñas con discapacidad. En concreto, aborda la historia de dos hermanas que tienen una alteración que produce discapacidad intelectual (x frágil), mientras dos chicos tienen trastorno generalizado del desarrollo. Todos ellos estaban escolarizados en un "colegio" público y no recibieron el mismo trato que el resto del alumnado.
En un primer momento, los organizadores de la actividad sugirieron a las familias que no participaran sus hijos en las actividades, pero éstas pidieron que se les diera una oportunidad y que, si necesitaban ayuda, ellas asumirían el coste.
Uno de los estudiantes sí que necesitó finalmente apoyo y su familia lo pagó, pero una asociación les aconsejó denunciar el caso, puesto que era discriminatorio. Pese a la queja, no consiguió que el gasto de la adaptación de la actividad lo sufragara la organización, ni el conjunto de familias, tal y como les explicó la Asociación de Madres y Padres (AMPA).
VIOLACIÓN DE DERECHOS
Tras estudiar a fondo la situación, los expertos que han elaborado este informe concluyeron que existe una vulneración de diversos derechos recogidos en la Convención sobre Derechos de las Personas con Discapacidad y en la Convención de los derechos del niño, en el ámbito internacional, y en la Constitución Española a escala nacional.
En este tipo de circunstancias, el estudio avisa de que se vulnera a los menores el derecho a la educación, al ocio y a la igualdad y no discriminación, tanto a los menores como a sus familias.
El informe señala además que el hecho de que la actividad extraescolar no estuviera diseñada para el conjunto del alumnado ya es discriminatorio, pero podría haberse solucionado facilitando los apoyos necesarios para que todo el mundo pudiera participar en igualdad de condiciones, por lo que no se ha respetado tampoco el principio de accesibilidad universal recogido en la Convención sobre Derechos de las Personas con Discapacidad.
Según concluye el informe, elaborado en el campus de la UC3M de Colmenarejo, “de la violación de estos derechos y preceptos son responsables tanto la empresa que presta el servicio como la institución que lo organiza (el AMPA). Pero también lo son el "colegio", al permitir la discriminación, las autoridades educativas y, en definitiva, los poderes públicos por permitir una violación del art. 14 de la Constitución y por incumplir sus obligaciones internacionales”.
La solución de esta situación pasa por la desaparición de la diferencia económica que se pide a los niños con discapacidad para la realización de la actividad. “De persistir esa situación, entendemos que debe realizarse una denuncia ante las autoridades educativas pertinentes y/o ante las autoridades judiciales”, zanjan los expertos.
FUENTE SERVIMEDIA.
